Almerienses exige garantías de privacidad ante la implantación del “gran hermano” en los contenedores de basura
Ante la creciente alarma generada en redes sociales y medios locales por la inminente activación de los contenedores marrones con cerradura electrónica, el partido Almerienses ha presentado hoy una solicitud formal a través del portal de transparencia exigiendo conocer la Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD) del sistema. Juanjo Cano, presidente de la formación, ha desgranado los puntos clave y los riesgos de este contrato financiado con fondos europeos.
Según el pliego técnico de la licitación, los nuevos dispositivos registrarán “datos de las aperturas realizadas por los usuarios, fecha y hora”. Esto implica que el Ayuntamiento tendrá una base de datos con los hábitos domésticos exactos de cada hogar. Cano se ha mostrado tajante sobre este control “No vamos a permitir que, bajo la excusa del reciclaje, se instale un sistema de vigilancia que monitoree a los almerienses, donde, cuando y quien deposita los residuos.”
Desde Almerienses han solicitado acceso a la Evaluación de Impacto (EIPD), un documento obligatorio antes de instalar sistemas de vigilancia masiva. La formación teme que el Consistorio esté actuando sin las garantías exigidas por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). “Tememos dudas que el Ayuntamiento quiera activar esta tecnología sin hacer los deberes legales previos; si no existe esa evaluación de impacto aprobada antes de la instalación, el sistema sería ilegal.”
Cano ha recordado que la Mancomunidad de Pamplona, pionera en este sistema, tuvo que suspender el uso de los datos tras una sanción de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por ser excesivamente intrusiva. Almerienses advierte del error de copiar modelos fallidos. “Almería pretende implantar un modelo que en Pamplona ya ha colapsado por vulnerar la privacidad; copiar un error a sabiendas no es gestión, es irresponsabilidad.”
El pliego exige el uso de tarjetas RFID o una App móvil que se descarga mediante QR para abrir la tapa. Esto supone una barrera de acceso crítica para personas mayores o ciudadanos sin habilidades digitales, complicando un acto tan básico como tirar la basura. “Convertir el acto de tirar la basura en un trámite tecnológico es una medida discriminatoria que deja atrás a nuestros mayores y complica la vida al ciudadano injustificadamente.”
La licitación de esta partida ronda los 160.000 euros para instalar solo 150 cierres y 15.000 tarjetas identificativas, que van unidos a los más de 200.000 euros de una campaña de comunicación. Desde Almerienses cuestionan si esta inversión prioriza la tecnología sobre la limpieza y la concienciación real, instalando un sistema caro de mantener y fácil de vandalizar. “Estamos gastando casi 500.000 euros de dinero público en ‘candados digitales’ que sin una gestión eficiente de limpieza y mantenimiento solo servirán para generar molestias y ensuciar todavía más las calles.”
Los pliegos además confirman que los dispositivos cuentan con sistema GPS para ubicar el contenedor y comunicaciones remotas. La acumulación de datos de ubicación vinculados a identidades personales crea un perfilado del ciudadano que Almerienses considera desproporcionado. “Exigimos saber quién custodiará esos datos, si la empresa concesionaria, el consistorio o incluso terceros podrán tener acceso a ellos, y qué garantías tenemos de que esa información finalmente no se usará para fines recaudatorios, algo a los que estamos muy acostumbrados con este equipo de gobierno.”, finaliza Cano.